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la UE obligará a las administraciones y a las empresas que incumplan la Ley contra la Morosidad a pagar unos intereses del 8,75%

Una nueva directiva de la UE obligará a las administraciones y a las empresas que incumplan la Ley contra la Morosidad a pagar unos intereses del 8,75% a partir del primer día de retraso.

Esta medida se aplicará a partir del próximo 17 de marzo de 2013 y obligará a añadir los intereses que se devenguen al importe de las facturas pendientes de pago.

Esta medida pretende que no salga rentable incumplir la Ley y supondrá que las Administraciones que no cumplan con el periodo de pago de treinta días deberán abonar a sus proveedores los intereses correspondientes.

A pesar de la buena intención de ésta hay que ver cómo se aplica. El efecto disuasorio sí puede notarse en el caso de las empresas morosas, que ponen en juego su propio dinero y a las que les saldrá muy caro el no pagar en plazo. Sin embargo habrá que ver si los responsables de las Administraciones Públicas están dispuestos a cumplir los plazos, a fin de cuentas ellos no manejan su propio dinero sino el de todos y a lo mejor les da igual pagar ese 8,75% más.

Por otro lado, si el procedimiento a seguir supone que sea el proveedor el que tenga que reclamar ese 8,75% no estoy muy seguro que muchos proveedores requieran el pago de esos intereses y arriesgarse a que las Administraciones les cierren las puertas para otras operaciones. La directiva impone el pago automático de ese recargo pero veremos si el moroso lo cumple.

Hay una gran batería de medidas que pretenden luchar contra la lacra de la morosidad y sus devastadores efectos sobre la actividad económica. Algunas han dado resultado pero el problema sigue sin resolverse, veremos el impacto de ésta una vez que se ponga en marcha.

Actividades que pueden emitir factura simplificada

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2013 del nuevo Reglamento de facturación aprobado en el Real Decreto 1619/2012, se potencia la figura de la factura simplificada en detrimento del tícket, que ya no se aceptará en ningún caso como documento contable justificativo de un gasto.

Actividades que pueden emitir factura simplificada
La factura simplificada podrá emitirse, a elección del emisor, cuando el importe del trabajo a facturar no exceda de 400 euros, IVA incluido o cuando deba expedirse una factura rectificativa.

Además, la factura simplificada podrá emitirse, cuando su importe no exceda de 3.000 euros, IVA incluido, en las operaciones que se describen a continuación:

  • 1.      Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos entregados
    2.      Ventas o servicios en ambulancia.
    3.      Ventas o servicios a domicilio del consumidor.
    4.      Transportes de personas y sus equipajes.
    5.      Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares, así como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto.
    6.      Servicios prestados por salas de baile y discotecas.
    7.      Servicios telefónicos en cabinas telefónicas de uso público
    8.      Servicios de peluquería e institutos de belleza.
    9.      Utilización de instalaciones deportivas.
    10.  Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.
    11.  Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.
    12.  Alquiler de películas.
    13.  Servicios de tintorería y lavandería.
    14.  Utilización de autopistas de peaje
    ¿Qué datos debe contener una factura simplificada?
    En una factura simplificada tienes que reflejar todos y cada uno de los datos que te enumeramos a continuación:
  • 1.      Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa.
  • 2.      Fecha de expedición de la factura. En caso de que sea diferente, también habrá que incluir la fecha de realización del trabajo o en que se haya recibido el pago anticipado.
  • 3.      Número de identificación fiscal (NIF) del obligado a expedir factura.
  • 4.      Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir factura.
  • 5.      Identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.
  • 6.      Tipo impositivo de IVA aplicado y opcionalmente, también la expresión «IVA incluido».
  • 7.      El importe total a pagar.
  • 8.      NIF, domicilio del destinatario y cuota tributaria (retención IRPF), cuanto el destinatario sea empresario, profesional o no lo sea, así te lo pida para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.

Frente al ticket, la factura simplificada pretende ser un documento justificativo algo más formal, aunque sin llegar al nivel de una factura completa, evitando de esta forma la mayor complejidad administrativa que ello supondría.

Artículo elaborado por Infoautónomos

Aprobado el nuevo Reglamento de Facturación

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, el nuevo Reglamento sobre obligaciones de facturación. El fin de este Real Decreto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, es transponer una directiva comunitaria de 2010 sobre normas de facturación. Con ello se reducirán las cargas administrativas y se facilitarán las transacciones económicas además de contribuir a la seguridad jurídica de los agentes económicos, sobre todo, en los casos de operaciones intracomunitarias.

La norma regula un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la completa u ordinaria y la simplificada. Las facturas simplificadas podrán expedirse cuando su importe no exceda de cuatrocientos euros, IVA incluido, o se trate de facturas rectificativas. También podrá aplicarse cuando su importe no exceda de tres mil euros, IVA incluido, y se trate de supuestos en los que se ha autorizado la expedición de tiques en sustitución de facturas.

Facturas en papel y electrónica

La nueva regulación impulsa también la facturación electrónica con el ánimo de reducir costes y hacer más competitivas a las empresas. El principio que regirá es el de igualdad de trato entre la factura en papel y la electrónica. De esta forma, el contribuyente podrá expedir facturas por vía electrónica sin necesidad de que las mismas estén sujetas al empleo de una tecnología determinada.

Por otro lado, para mejorar el funcionamiento del mercado interior, se impone un plazo armonizado para la expedición de facturas en determinadas entregas de bienes o prestaciones intracomunitarias. Este será antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del impuesto, siempre que el destinatario sea un empresario o profesional.

Por otra parte, no se exigirá la expedición de factura en el caso de determinadas prestaciones de servicios financieros y de seguros, sujetas y exentas en el IVA. Sí existirá esta obligación cuando estas operaciones se realicen en el territorio de aplicación del impuesto o en otro Estado miembro de la UE, y estén sujetas y no exentas al impuesto.

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Desde día 19 de noviembre de 2012 se prohíbe el pago en efectivo de cantidades superiores a 2.500 euros

Con la aprobación el pasado 31 de Octubre de 2012 y la entrada en vigor la nueva Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, desde día 19 de noviembre de 2012 se prohíbe el pago en efectivo de cantidades superiores a 2.500 euros, una medida que afecta tanto a autónomos como a empresas y particulares.

No obstante, esta norma sólo afecta a aquellas operaciones en las que alguna de las partes actué como empresario o profesional, por lo que los pagos en efectivo en las operaciones entre particulares y en entidades financieras siguen siendo totalmente lícitos. De esta forma, los ingresos en efectivo en cuentas bancarias sí podrán superar los 2.500 euros.

Por lo tanto, y en virtud de esta medida, ninguna persona puede pagar a una empresa por un bien o servicio más de 2.500 euros en efectivo, al igual que ninguna empresa podrá abonar en efectivo más de 2.500 euros a una persona física.

No obstante, y sólo en el caso de que el pagador sea persona física, justifique que no tiene el domicilio fiscal en España y no actúe como empresario o profesional, la cantidad máxima a pagar en efectivo será de 15.000 euros.

¿Qué se considera pago en efectivo?

Los billetes y monedas nacionales o extranjeros.
Los cheques bancarios al portador
La emisión o recepción de medios de pago telemáticos en los que no quede clara la identidad del comprador o vendedor.
Cualquier otro medio que no permita identificar con facilidad alguna de las partes.
Sanciones por incumplimiento de la medida

Dicha prohibición es independiente de si se entrega o no factura, y su incumplimiento se sancionará con una multa del 25% del importe abonado, lo que implica que el importe mínimo de la sanción es de 625 euros. Esta sanción es ‘solidaria’, de manera que responderá de ella tanto el pagador como el receptor del dinero y Hacienda podrá exigírsela tanto a uno como al otro.

Además, en el caso de pagar o cobrar una operación de forma fraccionada, se sumarán todos los pagos para determinar si se superan los 2500 euros y, en caso de superarse, se aplicará de igual forma la sanción.

Pongamos un ejemplo. Pensemos en una venta de materiales de construcción por importe de 4.000 euros en la que se realizan dos pagos en efectivo, uno de 2000 euros en Noviembre y otro de 2.000 euros en Diciembre.

Aunque cada pago no supera los 2.500 euros, como los dos pagos pertenecen a una misma operación y en total suman más de 2.500 euros, se considera infringida la norma, por lo que la sanción sería de 1.000 euros.

Asimismo, la norma establece que quedará exento de responsabilidad aquel que denuncie el incumplimiento de la ley dentro de los 3 meses siguientes al pago. Así, la persona que realiza un pago a un empresario o profesional de una cantidad superior a 2.500 euros podrá denunciarlo, como también podrá denunciarlo el prestador del servicio o el vendedor.  El denunciante queda libre de pagar la multa, por lo que ésta le será exigible solo a la otra parte. Sin embargo,  si las dos partes presentan la denuncia  al mismo tiempo, no se evitará la responsabilidad y la sanción podrá exigirse a cualquiera de las dos partes.

Para evitar problemas, deberán conservarse los justificantes de pago de operaciones superiores a 2.500euros durante el plazo de 5 años desde la fecha del pago para poder acreditar que no se han pagado en efectivo y acreditarlo ante la Administración Tributaria.

Es decir, en el caso de pagos superiores a 2.500 euros con cheques, transferencias, pagarés o letras de cambio, habrá de conservarse una fotocopia de dichos documentos  y en los mismos deberá constar datos tanto del pagador como del receptor.

Artículo elaborado por María Luisa de Miguel, Council Consultores